El organismo señaló en un comunicado que a 10 días del cierre del mes “hay pedidos por más de 77 mil toneladas peso producto, lo que supera el esquema del Acuerdo Marco firmado en abril entre el Gobierno y las Entidades Rurales que establece un total de 550 mil toneladas al año, a un promedio mensual de 45.833 toneladas res con hueso por mes”.
De esta forma el organismo salió al cruce de la posición planteada por el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) y la Unión de Industrias Cárnicas (UNICA) que hablaron de “malestar” porque las empresas no obtienen supuestamente en tiempo y forma los permisos de exportación.

La ONCCA explicó que en junio se autorizaron más de 51 mil toneladas res con hueso, pero el organismo rechazó 2 mil toneladas a frigoríficos que falsearon declaraciones sobredimensionando la capacidad de almacenamiento y el stock de producción, entre otras irregularidades.
La ONCCA, indicó un comunicado del organismo, “es la que autoriza las operaciones siempre que los frigoríficos cumplan con las reglas de control establecidas para asegurar primero el abastecimiento interno”.
Recordó que el 17 de abril pasado, el gobierno y los representantes de la producción cárnica, suscribieron un Acuerdo Marco “destinado a dar previsibilidad macroeconómica y transparencia al mercado”.
“Por ello -dijo la ONCCA- resulta necesario establecer que los operadores informen su Capacidad de Almacenamiento de Producción y el Stock de Producción al momento de solicitar la autorización previa de exportación”.

La publicación de la información en el Diario Oficial de la Unión Europea, oficializa la decisión tomada el 1 de julio último por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal de la UE.
Este Comité Permanente, compuesto por los 27 países miembros de la UE, votó en forma favorable el proyecto de modificación de la Decisión 79/542, que incluye a la zona de la Patagonia Norte B como libre de aftosa sin vacunación.
Esta aprobación permitió abrir la exportación al bloque comunitario de carne con hueso ovina, bovina, y ciervos procedentes de esta región. El ministro de Producción rionegrino, Juan Accatino, celebró la noticia, pero se lamentó porque “la sequía que sufre la provincia es condicionante para comenzar a exportar”.

De todos modos, sostuvo que “no hay que perder de vista que este reconocimiento permanecerá en el tiempo y será un aliciente importante para la recuperación de la ganadería”. El pedido de reconocimiento de status sanitario de la Patagonia Norte B, como libre de aftosa sin vacunación, fue realizado por el gobierno de Río Negro juntamente con Neuquén con el aval político de la Secretaria de Agricultura nacional y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Este último fue el que a través de informes técnicos y epidemiológicos, realizados conjuntamente con la Provincia, informó al Comité Científico de la Organización Internacional de Epizootia (OIE) de la viabilidad de esta posibilidad.
En mayo de 2007, durante la 75 Sesión General, la OIE finalmente oficializó la ampliación de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación a la región Patagonia Norte B.
Con este antecedente, la Unión Europea consideró que estaban dadas las condiciones para que ingresen productos de la Patagonia Norte B a este mercado de alta exigencia en condiciones sanitarias. La Región Patagonia Norte B es un área de 130.000 kilómetros cuadrados que está libre de Fiebre Aftosa y en donde no se aplica la vacunación contra la enfermedad.

El proyecto contempla la creación de una comisión integrada por seis diputados y seis senadores que trabajará durante 90 días y que “no ocupará el rol de la Justicia”, según aclaró el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto.
La iniciativa votada surgió tras la unificación de varios proyectos presentados por diferentes senadores en torno al tema y se decidió que sea una comisión bicameral la encargada de llevar adelante la investigación a partir de un acuerdo alcanzado con los principales referentes de la Cámara de Diputados.
En este sentido, Pichetto adelantó que, de acuerdo a lo acordado con el oficialismo de la Cámara baja, la iniciativa será convertida en ley, cuando se reanude la actividad en ese cuerpo.

El objeto de análisis de la comisión comprende el estudio de “presuntas maniobras fraudulentas que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales”, según señala el proyecto en sus considerandos.
Con esa maniobra habrían sorteado las subas en las alícuotas a las exportaciones de soja en los primeros días de noviembre pasado -del 27 al 35 por ciento-, embolsando una cifra superior a los 1.500 millones de dólares.
El plazo de 90 días estipulado en la iniciativa sólo puede ser prorrogable por la mayoría de los miembros de la comisión por un plazo similar.
Pichetto dijo que la comisión se crea porque “es necesario analizar una conducta que hace a la cuestión fiscal” y porque es “un hecho complejo en el que hay estimativamente unos 1.500 millones de dólares en discusión”.
“No somos un tribunal de juicio, ni vamos a plantear responsabilidades al voleo.
Vamos a trabajar con documentación y antecedentes”, explicó el titular de la bancada, oficialista.
“De verificarse situaciones de irregularidad que puedan configurar una acción penal procederemos a hacer la denuncia respectiva”, aclaró, e inmediatamente añadió que “la comisión no tiene facultades discrecionales” y que “el Congreso no puede sustituir el rol de la justicia”.

Con breves discursos, también hicieron referencia a los beneficios de la creación de la comisión, el presidente de la bancada radical, el jujeño Gerardo Morales; el arista José Martínez, y la justicialista por San Luis, Liliana Negre.
Hace más de un mes, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, hizo propia la denuncia de varios sectores y ordenó revisar las retenciones aplicadas a las exportaciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos (aceites) exportadas por 57 empresas.
Para esto se amparó en la ley Martínez Raymonda (que establece mayores controles sobre los registros exportadores) y el decreto presidencial 764 de mayo de 2008.
Según sus primeras conclusiones, las compañías no podrían acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como declararon en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.

El cargamento de 825 toneladas de trigo orgánico, producido en la provincia de Buenos Aires, zarpará en 33 contenedores secos con destino al puerto holandés de Rotterdam, que recibieron un tratamiento previo de desinfección.
La firma exportadora Flotom, proveedora de cereales orgánicos argentino para los mercados europeos, contrató el muelle de San Antonio Este por sus óptimas condiciones y disponibilidad operativa en esta época del año, cuando ya terminaron los embarques de fruta fresca.
Se trata de la primera experiencia de una exportación de este tipo, pero podría ser el inicio de una serie de este tipo de envíos, indicaron fuentes de la concesionaria del puerto.

Voceros de la Secretaría de la Producción anticiparon que se trata de 130.000 bolsas de 50 kilos de arroz cada una, que están siendo cargadas en el buque Lion Princess que partirá con destino a Irak.
La llegada del grano a esa estación fluvial de sur entrerriano se vio favorecido por las obras de acceso al puerto desde la ruta nacional 12, que tienen un presupuesto de 80 millones de pesos.

El cargamento es el segundo que se envía a Irak desde Ibicuy en lo que va del año, y completará las 30.100 toneladas que fueron vendidas oportunamente a ese país.
Entre Ríos es la provincia líder en materia arrocera en el país, y dispone del 80 por ciento de los molinos del complejo arrocero nacional.
Este sector productivo es considerado por el gobernador Sergio Urribarri ‘clave para la soberanía alimentaria nacional, para la generación de trabajo y valor agregado, y para generar más divisas para la Argentina‘.

En ese sentido, la decisión política de afianzar al sector en esta provincia mesopotámica se ha materializado en varias gestiones, la más reciente fue un acuerdo que firmó el gobernador con la presidenta Cristina Kirchner y representantes de la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (Fedenar).
En dicho acuerdo se convino poner a la venta en el mercado interno paquetes de arroz de un kilogramo a 2,40 pesos. Los productores venden parte de su producción a un menor valor, quedando un saldo exportable a valores internacionales importantes.-

La partida de bivalvos fue acondicionada en cajas de cartón, después de un proceso de enfriado rápido de 70 grados bajo cero, con el objetivo de asegurar la calidad del producto y satisfacer las condiciones sanitarias requeridas por el mercado chino.
El precio en bruto de la comercialización al exterior es de 3,50 dólares por docena de ostras, por lo que la operación total bordea los 70.000 dólares.
Fuentes consultadas indicaron que en Hong Kong los bivalvos se venderán a 10 dólares la docena para su consumo en restaurantes.

El gerente de la firma, Juan Manuel Angos, dijo que “se trata de la primera exportación de ostras argentinas y el proceso de contacto con los compradores, las habilitaciones del Senasa y los trámites aduaneros in situ en la planta, significaron una experiencia original”.
“Las cajas con las ostras pasaron en forma directa de nuestra cámara, con 15 grados bajo cero, al contenedor refrigerado, transportado después por camión hacia el puerto de Bahía Blanca en donde se concretó el embarque” agregó.
Además, el empresario dijo que “las expectativas para la continuidad de estas exportaciones son muy buenas, pero el desafío que tenemos por delante es una mayor penetración en el mercado local”.
“En la actualidad sólo llegamos a algunos restaurantes de Buenos Aires, Bariloche, Calafate y Ushuaia; pero nos gustaría poder comercializar a las cadenas de supermercados” añadió.
El intendente municipal de Patagones, Ricardo Curetti, señaló que “la realización de este primer embarque es la suma del esfuerzo privado y el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Mediante la Resolución 184/08, publicada en el Boletín Oficial, se fijaron los requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas en la importación para consumo de bienes usados.
En la Resolución 203/08 ‘se instituyó un régimen de importación para determinados bienes y líneas de producción usados destinados al sector industrial textil, que contempla la desgravación de sus derechos de importación y/o excepción al pago de la tasa de estadística, en la medida que se cumplan con ciertos requisitos‘, indicó la normativa.
Las empresas deberán efectuar la solicitud a través de un formulario, que deberá estar acompañado con un dictamen de clasificación arancelaria de las mercaderías para las cuales se requiere el beneficio.
Una vez aprobada la solicitud, se emitirá un Certificado de Importación para su presentación ante la Dirección General de Aduanas, a fin de efectivizar el despacho a plaza de las mercaderías involucradas.

El Certificado de Importación será de carácter nominativo e intransferible, tendrá validez por un plazo de 120 días corridos, no prorrogable, contados desde la fecha de su emisión, para efectuar el despacho a plaza de la mercadería y será refrendado por el subsecretario de Política y Gestión Comercial.
Una vez efectuada la importación de los bienes y en un plazo no superior a los 30 días, las empresas beneficiadas deberán presentar una copia del despacho de importación para ser agregada a la actuación original.

De esta forma, según dispuso la Resolución 174/08 publicada en el Boletín Oficial, estos productos dejarán de recibir el tratamiento arancelario de intrazona.
Para poder considerarse originarios del Mercosur, a los herbicidas a base de glifosato o sus sales les corresponde cumplir el requisito específico de origen consistente en salto de partida arancelaria más un valor agregado regional del 60%, explicó la norma.

La investigación permitió comprobar que para la elaboración de este herbicida se utiliza glifosato de origen estadounidense con un valor de u$s 3,76 por kilo, valor que representa una participación de 68% sobre el valor FOB de exportación del producto final del insumo.
Como antecedente, en 2005 se determinó que los herbicidas a base de glifosato o sus sales exportados a la Argentina por la firma Syngenta de Brasil no cumplían con las condiciones para ser considerados originarios del Mercosur, debiendo tributar el derecho de importación correspondiente a los productos de extrazona.

En el cotejo intermensual, por su parte, junio marcó un descenso del 4 por ciento respecto a mayo pasado.
La decisión de las entidades ruralistas de no comercializar granos para exportación, junto con los bloqueos de rutas dispuestos por transportistas y productores, repercutió de algún modo sobre la mayoría de los rubros industriales, de acuerdo a lo informado por esos sectores.
A pesar de los números de junio, para el trimestre que cierra en septiembre, los empresarios mostraron un cauto optimismo respecto al aumento en las ventas tanto en el mercado interno como para exportación, según relevó el INDEC a través de su encuesta cualitativa industrial.

La mejora del 1,8 por ciento registrada en junio es -en términos comparativos- la más baja que registró la actividad industrial desde noviembre de 2002 a la fecha, cuando marcó un avance interanual del 0,6 por ciento.
El sector automotriz lideró las subas interanuales con un crecimiento del 10,1 por ciento, seguido por la industria textil, con el 6,6, y la elaboración de productos químicos, con el 4,2 por ciento.
Entre las principales mermas se anotaron una caída del 9,9 por ciento en la producción del sector alimenticio, del 18,1 en el procesamiento de carnes rojas y del 25,6 en la molienda de cereales y oleaginosas, sectores fuertemente relacionados con el conflicto del campo.
También retrocedió 7,4 por ciento la refinación de petróleo y 1,2 la producción de materiales para la construcción, en especial por una merma del 8,7 por ciento interanual del cemento.

En cuanto a las expectativas, el 18,4 por ciento de los empresarios consultados por el INDEC consideran que la demanda interna crecerá entre julio y octubre, contra un 13 por ciento que vislumbra una merma y el restante 68,6 que sostiene que no habrá mayores variantes.
En lo que respecta a las exportaciones, las respuestas favorables a un aumento en las ventas alcanzan al 29,4 por ciento, contra 23,5 que consideran que disminuirán, mientras que el 47,1 por ciento restante no anticipa cambios de importancia.
De acuerdo con datos anticipados del Estimador Mensual Industrial (EMI), la producción manufacturera del segundo trimestre de 2008 con relación al primer trimestre marcó un incremento del 1,4 por ciento en términos desestacionalizados.
Desde el punto de vista sectorial, los bloques industriales que presentaron las mayores tasas de crecimiento en junio con respecto a igual mes del año anterior fueron las industrias metálicas básicas y los automotores.
Por el contrario, los sectores que presentaron las principales caídas fueron los productos alimenticios y bebidas y la refinación del petróleo.

Esos envíos “continúan creciendo, liderados por los viajes y los servicios empresariales, categorías que en conjunto reunieron casi 75% de las ventas al exterior del sector terciario”, indicó el informe del CEI.
Por su parte, las importaciones de servicios durante el período enero-marzo se ubicaron en torno de los 3.270 millones de dólares y fueron 24% mayores a las del primer trimestre de 2007.
En esta materia, agregó el Centro, las compras al exterior fueron “motorizadas en gran medida por la expansión de los viajes y el turismo al exterior”.

Según el CEI, el saldo comercial durante el período bajo análisis “fue negativo en 292 millones de dólares, mientras que en el mismo período del año anterior resulto prácticamente nulo”.
Al margen de este desequilibrio, en la Cancillería destacan el “cambio cualitativo” hacia la colocación de servicios de mayor valor agregado, por parte de empresas y profesionales locales.
En ese segmento se ubican los servicios empresariales, de informática, culturales y recreativos, que en 1992 sumaban apenas 1,8% de las exportaciones totales de servicios del país y a fines de 2007 representaron más de 30%.

Los envíos del sector, añaden los funcionarios, crecen por encima del promedio mundial, y el área es motivo de distintas negociaciones tendientes a lograr la liberalización de su comercio, tanto en el ámbito regional como internacional.
De acuerdo con lo consignado por el Centro, uno de los temas actualmente en la mesa de discusión del Mercosur son los servicios financieros y su armonización interna.
También se trabaja en el bloque sobre un acuerdo de Transporte Marítimo intra Mercosur y sobre el llamado “modo cuatro” (prestación de servicios mediante el movimiento de personas).

En relación con este último tema, en la Cancillería destacan que como resultado de tratativas bilaterales, los ciudadanos argentinos gozarán de trato nacional para desempeñarse laboralmente en Brasil.
Asimismo, avanza una demanda de la sociedad civil, basada en el reconocimiento mutuo de títulos por parte de los respectivos colegios profesionales.
Para el mediano plazo se prevé que comenzarán las conversaciones orientadas a armonizar los títulos profesionales de ingeniería y medicina, a fin de consolidar un “título Mercosur”.
De igual modo, está en debate la armonización de los servicios en los sectores inmobiliario y audiovisual.

En el Índice de Costos Logísticos tradicional - con costos de transporte - la variación fue del 4,77%, debido fundamentalmente a un incremento en los rubros Recursos Humanos y Transporte y Distribución. En la modalidad sin costos de transporte, la variación fue del 6,17%, motivada por un crecimiento del rubro Recursos Humanos.
El índice con costos de transporte que elabora CEDOL reflejó en el mes de julio un incremento del 4,77% en los costos logísticos, con un número índice acumulado de 499,87.
El otro indicador, sin costos de transporte, que en el mes de julio tuvo un incremento del 6,17%, da un índice acumulado de 470,88. Siendo que ambos indicadores tienen idéntica base de cálculo (diciembre de 2001), puede observarse que los mismos han venido evolucionando de manera razonablemente similar.

CEDOL calcula y desarrolla este indicador con el objeto de reflejar mensualmente las variaciones que sufren los costos de los operadores logísticos de todo el país.
El mismo, que se conoce como Índice de Costos Logísticos Nacionales, ha sido construido en función de una operación logística tipo en el orden nacional, y contempla las variaciones de costos de los siguientes rubros: Recursos Humanos, Transporte y Distribución (en todos los modos), Administración de Stocks y Sistemas y Comunicaciones.

La medida, contemplada en una normativa oficial de la Unión Europea (UE) del 2 de julio de este año, favorece la continuidad de las exportaciones de anchoita desde la Argentina.
La Comisión Europea adoptó esta decisión luego de considerar un estudio conjunto del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaría (AESA).

Este estudio demostró que la contaminación con cadmio (un metal pesado similar al zinc y al Mercurio) de las anchoitas del Mar Argentino, no es de origen humano y que los niveles encontrados en esta especie de ninguna manera implican un riesgo para la salud de los consumidores.
El trabajo consistió en un muestreo realizado sobre la especie en sus diversos estadios y localizaciones, fauna acompañante, agua y fitoplancton.
Las muestras fueron recolectadas por observadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) embarcados en diferentes buques de la flota pesquera, acondicionadas por personal del Senasa y procesadas en el laboratorio de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), de Mar del Plata, que integra la red de laboratorios del organismo sanitario nacional, y en laboratorios oficiales de Vigo, España.

Los ingresos por esas colocaciones alcanzaron 652,8 millones de dólares, con un aumento del 11 por ciento con relación al primer semestre de 2007, indicó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
El organismo oficial señaló que en el primer semestre del año las exportaciones de cortes de carne vacuna de calidad a la Unión Europea (UE) bajo la llamada cuota Hilton sumaron 12.272 toneladas por valor de 181,2 millones de dólares.
El principal destino de las exportaciones argentinas de carne bovina fue Rusia, que compró 30.902 toneladas por 83,1 millones de dólares, seguido por Chile (12.204 toneladas por 46,7 millones) e Israel (8.792 toneladas por 26,9 millones de dólares).
Entre marzo y junio pasados, miles de ganaderos y agricultores argentinos llevaron a cabo cuatro huelgas comerciales con bloqueos de carreteras en rechazo a un sistema de impuestos móviles a la exportación de granos que fue anulado por el Senado.

Desde fines de 2007, están restringidas las exportaciones de carne vacuna con cupos de 45.000 toneladas mensuales, una medida dictada por el Gobierno para evitar que suban los precios de ese producto en el mercado doméstico.
Durante el conflicto con el sector agropecuario, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner autorizó sin embargo un cupo adicional para la exportación de 10.000 toneladas de carne de vaca de baja calidad, a cambio de que los frigoríficos mantengan bajo el precio de alimentos de conserva elaborados con ese producto.
Las exportaciones de carne vacuna argentina alcanzaron el año pasado las 474.856 toneladas por valor de 1.449 millones de dólares, con alzas del 1,42 por ciento en volumen y del 10 por ciento en divisas con relación a 2006.

“Estamos arriba de los 2.300 millones de pesos que se han pagado en el sistema de compensación entre el 2007 y 2008, y en mi gestión superamos los 700 millones de pesos liquidados a quienes están en regla”, señaló el titular de la ONCCA a los periodistas en el palacio de Hacienda.
En cuanto al funcionamiento del mecanismo de compensaciones, aclaró que “hay un montón de compensaciones anteriores a la Resolución 125 como lácteos, industria aceitera, productores de trigo, avícola, molinos, una serie de productos destinados a desacoplar los precios internacionales”.
“Es un sistema que es perfectible, lo estamos mejorando y recientemente hemos dictado una resolución dónde hemos eliminado el esquema de presentación de 100 por ciento de la documentación para cruzar información directamente con la base de datos de otros organismos como el Senasa, la Afip y la Aduana, lo que alivió bastante la carga”, añadió.
El funcionario admitió que “había una cierta demora en la tramitación, se ha venido poniendo en regla y pagando a los que correspondía, porque algunos aducían demoras y no habían presentado la documentación en regla”.

Echegaray, además, indicó que “la convivencia con Carlos Cheppi será muy buena, nos conocemos de la gestión y en definitiva la ONCCA será un instrumento más de la política que instrumente la secretaría de Agricultura en la parte de control”.
Respecto al planteo de los exportadores de cereales sobre los tiempos de presentación de la documentación, aseguró que “las acciones que estamos llevando a cabo son de control, en particular el planteo de ellos tiene que ver con los tiempos que tienen para hacer la presentación, la declaración jurada de ventas al exterior y una vez que obtienen el registro por parte de la ONCCA el plazo que tienen para presentarlo en la Aduana”.
“Hemos impulsado un mecanismo dónde el plazo para presentar la declaración jurada de venta al exterior una vez cerrada la venta y una vez autorizada la exportación es de 45 días para presentarlo ante la Aduana”, agregó.
Echegaray también hizo referencia a eventuales cuestionamientos por exportaciones de carnes y granos que se encontrarían demoradas.
“Eso lo dicen dos Cámaras que están representando a frigoríficos, a los cuales se les han rechazado los pedidos, producto de que habían declarado falsamente, sobredimensionando la capacidad de almacenamiento y los estados de producción”, aclaró.
Al respecto, sostuvo que en lo que va “de julio hemos autorizado 45 mil toneladas de res con hueso para exportar y el sistema del ROE (Registro de Operaciones de Exportación), tanto el verde como el rojo, están funcionando al día”.

Gioja dijo a periodistas que presentó a Lula el proyecto de lo que considera el “eslabón” que falta para el desarrollo de un nuevo corredor entre el Atlántico y el Pacífico, que uniría la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, con el puerto chileno de Coquimbo.
Ese “eslabón” es un túnel fronterizo hacia Chile bajo la cordillera de los Andes, que sería construido a lo largo de 13,9 kilómetros a partir de la localidad sanjuanina de Agua Negra (noroeste) y tendría un coste inicial calculado en 300 millones de dólares.
“Es un asunto que le interesa mucho a Brasil, pues le daría otra salida al océano Pacífico”, indicó Gioja, quien añadió que Lula se mostró “muy entusiasmado” con la idea.

Según el gobernador, la obra podría ser financiada en parte por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que está volcado en planes de integración regional y a cuyas autoridades también les presentó el proyecto.
Los estudios previos de viabilidad técnica y económica ya están en marcha y se prevé que la licitación de las obras se convocará a mediados del año próximo, con lo que la construcción podría comenzar a finales del 2009, detalló Gioja.
El túnel también representaría una salida directa al Pacífico para la provincia de San Juan y sobre todo para sus exportaciones de vino, ya que es una de las principales regiones vinícolas de Argentina.
“Lula tuvo una reacción espectacular y prometió apoyo”, enfatizó el gobernador.

En el decreto se instruye al ministro Carlos Fernández “para que en uso de sus facultades, limite la vigencia de las Resoluciones 125/2008, sus modificatorias y complementarias, y disponga la vigencia de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur iguales a las dispuestas por las Resoluciones Ministeriales 168 y 169/2007”.
En los considerandos del decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se destaca que “la igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio nacional, para que exista equidad distributiva y también territorial, es un eje sobre el que el Gobierno Nacional está dispuesto a insistir”.
Al respecto, el gobierno remarca que “para poder dar solución a esos problemas, nuestro país tiene que procurar una mayor equidad en las relaciones económicas, de modo que ningún resultado podrá obtenerse sin que deba producirse una mejora en la distribución de los ingresos a favor de los que menos tienen al interior de nuestra economía”.

El decreto menciona que “a la doble repercusión local del crecimiento del precio internacional de los alimentos, que por un lado mejora el ingreso de quienes los producen en proporciones geométricas y, por el otro, amenaza con alejarlos de la posibilidad económica de adquirirlos a los sectores populares que han venido incrementando su participación en el consumo del mercado doméstico, la situación presenta gran complejidad”.
“Ante ello, -se agrega en los considerandos-, con la clara finalidad de estabilizar los precios internos a niveles convenientes, mantener un volumen de oferta adecuada a las necesidades del mercado interno y asegurar un máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, se modificaron derechos de exportación vigentes para soja, girasol, maíz y trigo y sus derivados”.
En consecuencia “se dispuso que dichos derechos fueran móviles, y se incrementaron para la soja y sus derivados y se disminuyeron para el trigo y maíz”.
Señala el decreto que “aquel uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones, fue pretexto para un violento lock out, que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas”.
Se recuerda que “si bien los diputados pudieron acordar un proyecto que logró una mayoría parlamentaria suficiente, en la Cámara de Senadores sólo pudieron empatar en singulares condiciones y sin ningún consenso positivo, generándose una virtual imposibilidad de decisión oportuna del tema”.

Por lo expuesto, el gobierno consideró que correspondía tomar las medidas que posibilitaran destrabar la situación, e instruyó al ministro de Economía y Producción “para que limite la vigencia de las normas que instrumentaron las retenciones móviles así como las que se destinaron a compensaciones, para que rijan retenciones iguales a las fijas que disponían las resoluciones 368 y 369 de ese Ministerio de fecha 7 de noviembre de 2007 (conocidas como las del 35%)”.
Por su parte, a través de la resolución 180/2008 publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Economía limitó la vigencia de las Resoluciones 125/2008 y 141/2008, su derogatoria y complementarias.